'Grave violación a la libertad de información' la vigilancia de teléfonos de periodistas por el Gobierno de EE. UU.

Según considera RSF, esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que la vigilancia de las llamadas telefónicas de los periodistas de la agencia de noticias Associated Press por parte de Departamento de Justicia estadounidense es una “grave violación a la libertad de información”, según advierte la organización en una nota.

Esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen, explica RSF. En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la agencia de noticias reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012, advierte la nota.

Varias líneas telefónicas pinchadas estaban en la oficina de AP en Estados Unidos, también el número de la agencia en la Cámara de Representantes, y los números personales de algunos de los empleados, entre ellos, cinco periodistas y un editor que participó en la elaboración de la información publicada en mayo de 2012.

La organización comparte la opinión del presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, que calificó este acto como una "intrusión masiva y sin precedentes ", en una carta enviada el 13 de mayo al fiscal general de EE.UU., Eric Holder. “Reporteros Sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, considera que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”, dice la nota.

“Reporteros Sin Fronteras constata con pesar que el actual gobierno federal no ha roto con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”, agregó Christophe Deloire. “Este caso demuestra la necesidad de una ley federal relativa a la protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”, concluye la nota.