El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian, en una nota, una oferta de empleo de la Diputación provincial en la que se requieren cuatro redactores exigiéndoseles solamente "el título de bachiller o equivalente". Dicha oferta está recogida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su número 195, del 8 de octubre. Asimismo, se contempla "una plaza de jefe de prensa y dos de asesor de comunicación, de carácter eventual, para licenciados sin especificar más", añade la AP-APAL.
La asociación almeriense defiende que las siete plazas ofertadas por la Diputación deberían ser exclusivas para periodistas, exigiéndose el título de licenciatura o grado en Periodismo "o en Ciencias de la Información o Comunicación, especialidad de Periodismo o Comunicación Audiovisual, o bien pertenecer al Colegio de Periodistas de Andalucía". La nota de la AP-APAL destaca que la Administración debe velar escrupulosamente por que los periodistas tengan sus plazas de acuerdo con su titulación, como ocurre con médicos, psicólogos, arquitectos y otras profesiones. La asociación defiende que "el intrusismo debe terminar de una vez y la Administración, más que nadie, ha de velar por evitarlo de forma clara y transparente".
La nota recuerda que la AP-APAL, el 17 de noviembre de 2006, mostró su desacuerdo y rechazo a la oferta de empleo público de la Agencia de Comunicación Local (ACL) de la Diputación donde se ofrecían seis vacantes de redactor (dos para nivel de titulación superior y cuatro para bachiller, FP 2 o equivalente). El 6 de octubre de 2010, el colectivo de periodistas denunció la convocatoria de la Diputación, que después fue anulada, para cubrir cinco plazas de redactor de ACL Radio, exigiendo únicamente el bachillerato.
Esta situación, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el Colegio de Periodistas de Andalucía, la FAPE, la FAAP y la AP-APAL, es una muestra más de que las Administraciones Públicas -ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la función pública por no contemplar la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La nota señala que "esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa o en una emisora o medio público, y que está al margen del color político del gobierno de turno".
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