La FAPE se suma a la Asociación de la Prensa de Campo de Gibraltar en su denuncia de la conducta contra la libertad de informar del Gobierno de Tarifa

Ambas instituciones consideran "inadmisible que un representante municipal se arrogue el poder de limitar los derechos de los ciudadanos".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG) expresan en un comunicado su más absoluto rechazo a la conducta del Gobierno municipal de Tarifa, especialmente de su concejal Juan José Medina, quien desde hace meses realiza una campaña contra el periodista Shus Terán, intentando evitar que ejerza su trabajo como profesional de la información.

Según señala la nota enviada por la federación, la persecución del edil ha llegado incluso a vetar la entrada del profesional en algunos actos informativos, mientras que desde la propia Alcaldía se intenta que Shus Terán deje de editar su periódico digital Tarifa al día, por considerar que es crítico con su gobierno municipal, con presiones que buscan hacerle perder su empleo como corresponsal periodístico en la zona.

La FAPE y la APCG consideran que tanto el mencionado concejal como el alcalde tarifeño han decidido olvidar la promesa que realizaron al tomar posesión de sus cargos, asegurando que cumplirían y harían cumplir la Constitución, o bien son unos profundos desconocedores de la Carta Magna española, que garantiza la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados, señala la nota.

Ambas organizaciones profesionales no permanecerán calladas ante este abuso de autoridad, impropio de un sistema democrático, que atenta contra los principios que rigen nuestro Estado de derecho, y recuerdan al Gobierno municipal de Tarifa que los límites sobre la libertad de expresión solo los fija la propia Constitución y que, en caso de discrepar con el contenido de alguna información, tienen la opción de recurrir a los tribunales de justicia, pero en ningún caso pueden proclamarse jueces e intentar silenciar a los periodistas.

En este sentido, la nota resalta que "es absolutamente inadmisible que un representante municipal se arrogue el poder de limitar los derechos de los ciudadanos, intentando evitar que un periodista informe de la actividad municipal y despreciando con ello al conjunto de la población que libremente escoge su medio para acceder a la propia información".