Solo en lo que llevamos de 2019, han muerto asesinados 44 periodistas, según las cifras de la Unesco. De estos delitos, casi 9 de cada 10 casos, han quedado impunes. "Estas cifras no incluyen otros crímenes contra periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso", recordó Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y vicepresidente 1.º de la APM, en la conmemoración del Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebró el 13 de noviembre en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y organizado por la Cátedra Unesco de la Universidad de Málaga.
Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Foto: APM
Nemesio Rodríguez señaló que "los asesinatos de periodistas normalmente tienen un doble objetivo: silenciar a unos para siempre y amedrentar al resto para forzar la autocensura y suprimir el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión y el derecho a la información”. La impunidad, advirtió, socava la democracia porque destruye varios de sus pilares. Por este motivo, la lucha contra esta lacra “tiene que ser un pilar básico de las organizaciones profesionales”. Todos los ponentes coincidieron en la necesidad de estar unidos y ser más proactivos en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de la profesión.
El periodismo se rearma o será devorado
Anterior al crimen o asesinato, hay un paso previo que son “las amenazas, el hostigamiento, exilios o retiradas de la profesión”, apuntó el director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosty, quien señaló que esto sucede porque se está perdiendo el respeto hacia la profesión. “Hace diez años era impensable que un presidente de una nación, que enarbolaba la libertad, se convirtiese en el país que criminaliza y convierte a sus propios medios y periodistas en el enemigo número uno”. Ante esta situación, recalcó la idea de “adelantarnos a los acontecimientos y ser más proactivos en la defensa del periodismo, como un elemento central de la democracia”. Para Díaz Nosty, o “el periodismo se rearma o será devorado por soluciones que no tienen nada que ver y no tienen ningún tipo de control”.
El encuentro contó también con el testimonio de Rodney Sieh, periodista liberiano galardonado con el X Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga (UMA), quien habló de su experiencia al haber padecido la impunidad de las autoridades, tras haber sido encarcelado en dos ocasiones y su medio cerrado también varias veces. Sieh informó de que en 2013 fue condenado “a 5.000 años de prisión simplemente por desvelar un asunto de corrupción”.
Rodney Sieh denunció algunos casos sufridos por compañeros que ejercen su labor en países africanos, como Etiopia, Uganda, Camerún, Chad o El Congo, donde los periodistas diariamente sufren “acusaciones de difamación, infamias y se nos obliga a autocensurarnos si queremos vivir y continuar ejerciendo nuestra profesión: Estamos en la diana del establishment”. El periodista advirtió de que “si permitimos la supresión de la libertad de prensa nos puede llevar al caos”. Añadió que “hasta que los gobiernos africanos no entiendan el papel crucial que jugamos en la democracia y que no somos sus marionetas, sino que trabajamos para el interés de la población, no se puede garantizar el derecho a la información y de expresión con las suficientes garantías”.
La situación es tal, añadió Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que los periodistas ya no tienen que ir a conflictos bélicos para correr riesgos, sino que "están completamente amenazados" en sus redacciones o en sus propios países. El panorama es "estremecedor", tildó Carcedo, añadiendo que es necesario concienciar a la opinión pública y a las autoridades sobre "la importancia de defender la libertad de expresión", así como "la integridad de los periodistas". Recientemente, recordó, han sucedido hechos "deplorables e intolerables" que nos deberían preocupar, como lo ocurrido en Cataluña por parte de "independentistas radicales" o el veto de Vox a periodistas para impedirles acudir a sus actos.
Por su parte, Alicia Gómez Montano, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras-España (RSF), hizo hincapié en la “tremenda impunidad” existente en los países que no están en guerra, donde “se supone que hay Estado de derecho y no deberían de producirse estos crímenes o este tipo de vulneraciones”. Destacó que cerca de la mitad de los periodistas asesinados pierden la vida en países en paz, siendo los situados en América Latina los que aportan a las estadísticas un gran número de casos y México el más letal. También es cierto, añadió Gómez Montano, que las mayores prisiones de periodistas no están en el continente americano, sino en Turquía, China, Irán, Arabia Saudí o Egipto.
La vicepresidenta de RSF recordó que la impunidad de los crímenes contra periodistas es cercana al 90%. En el caso de México, “abundan los depredadores de prensa, siendo los periodistas locales las mayores víctimas”. En dicho país, añadió, las medidas que se llevan a cabo son insuficientes o ineficaces.
Para terminar, destacó que existen “marcas de género en las agresiones en México”. Aunque mueren muchos más periodistas varones, “hay cosas que no les pasa a los periodistas y sí les ocurre a las periodistas mexicanas”. Apuntó que “las hostigan de otra manera” y la mayoría de los ataques provienen de “los agentes del Estado y no del crimen organizado”.
Las presiones y los hostigamientos por parte de los Gobiernos se han hecho latentes en los últimos años. Sobre esto hizo hincapié Jackie Harrison, directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Sheffield, señalando el caso de EE. UU., Brasil, Hungría o Turquía, que “han señalado con el dedo a los periodistas como el enemigo del pueblo número uno” y “persuadiendo de esta manera a la opinión pública”. Jackie Harrison aprovechó para recordar la resolución n.º 33 del Consejo de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas, en la que “se insiste en cómo los Estados tienen que implementar medidas preventivas para asegurar que los periodistas desarrollen su actividad en un ambiente seguro y estable con garantías para la libertad de información”. Por tanto, recordó, estos deben “jugar un papel activo en la persecución y enjuiciamiento de estos criminales o delincuentes contrarios a la libertad de expresión”.
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